18 de agosto de 2012

Respuesta a la Diócesis de Zacatecas


Por: Heraclio Castillo Velázquez

Zacatecas, Zac., 19 de agosto de 2012.

En respuesta a la postura de la Diócesis de Zacatecas y de la Alianza Pastoral de Zacatecas en relación al séptimo Festival Cultural de la Diversidad Sexual, en esta ocasión escribo a nombre de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero que ha sido estigmatizada, discriminada, excluida e incluso asesinada por ideas como las expuestas por el sector más conservador de la sociedad.




Señores jerarcas de la Iglesia y representantes de la comunidad eclesiástica, indigna que su falta de moral quiera llamar a reprimir expresiones de la cultura bajo el supuesto de que son “inmorales”. Su falta de información respecto a las manifestaciones de la sexualidad humana se evidencian en su discurso homofóbico que intenta pasar por una muestra de tolerancia.

Cuestionan la calidad de eventos que incluye el programa del citado festival al calificarlos como “grotescos e irreverentes”, pero nosotros, los aludidos, cuestionamos la doble moral de la Iglesia, que predica una religión de amor y valores, pero tiene una larga lista de víctimas que han fallecido como consecuencia de ideas que atentan contra un Estado laico que pretende garantizar un modelo de vida igualitario para todas las personas.

Que me disculpe la Iglesia (o me excomulgue), pero yo no puedo aceptar una religión que señala y castiga lo diferente, lo que no entra en su concepción de “normalidad”; que condena otras formas de amar con el mismo látigo con el que defiende a esos sacerdotes pederastas involucrados en una de las redes de pornografía infantil más grandes del mundo.

No creo que informar a la población sobre la realidad de la comunidad LGBT “mine los principios humanos y cristianos de la familia o los valores sobre los cuales está fundamentada la cultura zacatecana”. Al contrario, si hay alguien que se ha encargado de separar a las familias ha sido la Iglesia y sus representantes, porque han hecho que sus fieles no admitan la diferencia, llevando a muchos gays y lesbianas a vivir en el exilio del seno familiar o, en casos más graves, al suicido. ¿Acaso una familia no puede aceptar a sus miembros como las personas que son, con virtudes y defectos?

Si no es así, claramente su postura es retrógrada e ignorante, pues incluso en el comunicado auguran “que toda manifestación cultural ayude a forjar una sociedad más justa y promueva valores que defiendan y aprecien la vida”, cuando en realidad no se puede tener una sociedad justa si no hay igualdad de derechos y condiciones, cuando los valores que se fomentan no consideran a la persona entera sino sólo una parte, cuando su idea de cultura choca con las grandes tragedias de la historia.

Partamos de su definición de cultura como “el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan la vida de un pueblo”. En ese entendido, la esclavitud también formó parte de ciertas culturas de la antigüedad, así como para los nazis fue el matar a la población judía, al igual que lo ha sido segregar a la población negra o perseguir a quienes profesaban una religión distinta a la católica. ¿La comunidad LGBT está, entonces, en un error al pretender educar a la población sobre la diversidad sexual a través de la cultura?

No se trata de “convertir”, como hicieron los misioneros que vinieron a la Nueva España. Recuerden que la homosexualidad no es una enfermedad contagiosa y tampoco hay vacuna para “curarla”. O díganme, señores jerarcas de la Iglesia católica: ¿cuándo se contagiaron de la heterosexualidad?, ¿no se sienten culpables de haber infectado con su heterosexualidad a millones de familias en el mundo? Porque quisiera precisarles que ser heterosexual no es garantía de ser una persona recta, apegada a lo que ustedes denominan “ley moral”, con valores, una persona “de bien”.

Con su prédica han dado a entender que las formas de organización no heterosexuales van en contra de la “sagrada” institución de la familia, sin embargo, no creo que todas las familias estén integradas por padre, madre e hijos. Además, con su discurso la Iglesia sugiere que la finalidad de tales núcleos familiares “tradicionales” es la procreación, por lo que también se rechazan los nuevos modelos de familia.

En ese tenor, pregunto: ¿el matrimonio se reduce a la función reproductiva?, ¿qué sucede con los matrimonios que deciden no tener hijos o con aquellos que no pueden procrearlos?, ¿en qué situación estarán las madres o padres solteros?, ¿esas formas de organización son “menos familia” que las “tradicionales”? Y aunque fomentaran los valores que ustedes predican, con esa autoridad moral que se adjudican, ¿seguirían siendo marginados porque no corresponden con ese modelo de familia que la Iglesia concibe?

En su comunicado dicen estar preocupados porque se dejaba expuestos a niños, adolescentes y jóvenes a la presentación de eventos que impactan y alteran la etapa de formación en la que se encuentran y llaman a “no dejarse seducir por ideologías extrañas que, en aras de una seudocultura, se quieren imponer”. En primer lugar, no quisiéramos entrar en el mismo saco que la Iglesia católica. En la comunidad LGBT no imponemos nuestra ideología, enseñamos; no somos una seudocultura, formamos parte de la misma cultura; no pretendemos “seducir” a la población, sino abrir conciencias a través de la información, algo que, es evidente, le hace falta a la comunidad católica.

En ese tenor, representantes de la Alianza señalan que el evento no es cultural y que va en contra de la moral y los principios de los zacatecanos, al expresar que “lo legal no quita lo inmoral”, además de indicar que están en contra de la realización del citado Festival debido a que es difundido como “cultural”, pues cuestionan “¿en qué radica lo “cultural” en un evento ominoso y de evidente mala influencia?”. Agregan que la falta de valores es lo que ha desencadenado el crecimiento de la población homosexual en la entidad y llaman a la población a reflexionar dos veces sobre la intención de apoyar este tipo de eventos.

Ante tal situación, pregunto: ¿la cultura debe ser moral?, ¿es que acaso la población heterosexual (heteronormativa) es la única que puede hacer “cultura”?, ¿y en todo caso, tener valores es garantía de que no se será homosexual? Claramente la Iglesia católica peca de ignorancia respecto a lo que implica la diversidad sexual, pues incluso los sacerdotes célibes (los pocos que aún existen) que hacen votos de castidad deciden renunciar a ejercer su sexualidad y esa es otra forma de vivir la sexualidad, parte de esta diversidad que no se cierra al blanco o al negro.

Por tal motivo, así como la Iglesia hace un llamado a la población para rechazar este Festival Cultural de la Diversidad Sexual, nosotros hacemos una invitación a rechazar su exhorto, porque también atenta contra la dignidad de nuestro grupo, porque su discurso divide familias, porque su prédica no es de amor y unidad, sino de intolerancia y discriminación.

Independientemente de las creencias religiosas, ¿debe negarse a gays y lesbianas la posibilidad de formar un proyecto de vida con otra persona? Analicemos la situación desde otra perspectiva, pues al parecer ustedes entienden con ejemplos pueriles. Imaginemos por un momento un banquete en el que participa la sociedad. En dicho banquete la mayoría de los asistentes come carne, pero también hay quienes sólo comen verduras. ¿El hecho de que la mayoría sea “carnívora” determina que se dejará morir de hambre a quienes son “vegetarianos”?

Lo mismo sucede con los derechos. La sociedad heterosexual goza de ciertos beneficios a través de leyes e instituciones, pero la comunidad LGBT aún no cuenta con las mismas garantías, y no es un “ayuno” voluntario, sino la falta de acción o la omisión de servidores públicos que no atienden esas demandas ciudadanas. Si no me equivoco, la Iglesia es el carnívoro que dice invitar a toda la población a ese gran banquete, pero sólo si “comen carne”. ¿No es eso exclusión?

Evidentemente la administración estatal ha ganado mayor reconocimiento de la comunidad LGBT al tomar la decisión de ceñirse a las leyes ya aprobadas y respetar la expresión cultural de este grupo. Con dicha acción puso un alto a esos sectores que viven estigmatizando y discriminando no sólo a la comunidad LGBT, sino a toda forma de expresión social y cultural que se salga de sus parámetros. No obstante, aún quedan temas pendientes.

Hace más de un año, el primero de julio de 2011, fue presentada ante la 60 Legislatura una iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia, en la que se proponía implementar un sistema que permita a parejas del mismo o diferente sexo el tener certeza jurídica y contrarrestar cualquier acto de injusticia o desigualdad en el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, la iniciativa aún permanece en la congeladora debido quizás a la indiferencia de los legisladores locales para atender demandas ciudadanas.

Ojalá los representantes del pueblo no hayan olvidado que el cargo que ahora ocupan también fue otorgado por el voto de esas personas que, además de pagar impuestos, esperamos que se definan no sólo ésta, sino otras iniciativas de ley que permanecen estancadas, sin discusión, acumulando polvo y que seguramente pasarán como trabajo pendiente a las siguientes legislaturas.

En particular, la Ley de Sociedades de Convivencia generó más controversia entre la población que al seno de la 60 Legislatura. Al respecto, grupos religiosos se manifestaron en contra, con una clara postura que atentaba contra el laicismo del Estado, al igual que en el tema de la despenalización del aborto, entre otros tópicos. ¿Qué hicieron los diputados? Evadir una vez más la responsabilidad de discutir esos derechos que podrían otorgar mayor igualdad a varios sectores de la población, en especial la comunidad LGBT.

Hace varios meses expuse los beneficios de esta propuesta, que no resta derechos a algún sector, al contrario, procura otorgar garantías que hasta el momento, por omisión o precisión, les son negados a la comunidad LGBT. Ahora insisto: ¿por qué es necesario aprobar una propuesta como ésta?, ¿por qué se requiere su discusión al seno de la Legislatura?

Considero que uno de los grandes retos en los países de América Latina es la generación de cambios culturales que erradiquen la discriminación y la homofobia de la región. En ese tenor, en Argentina parecen ir a la vanguardia también en ese tema, al contar con matrimonios entre personas del mismo sexo, una Ley de Identidad de Género que otorga derechos fundamentales a las personas transgénero, además de crear el Plan Nacional de Protección de Derechos LGBT.

En ese contexto, la principal diferencia entre México y Argentina en materia de garantía y ejercicio de derechos del colectivo LGBT es que en la nación sudamericana el gobierno tiene un plan amplio de derechos humanos que abarca el reconocimiento a las minorías sociales, a la diversidad de familias y plantea el establecimiento de la igualdad social.

En cambio, en México aún se debe esperar una evolución de las instituciones, principalmente un cambio en las leyes que erradique de sus contenidos las cargas discriminatorias y reconozca los derechos de todas las personas no heterosexuales, pues incluso en el veredicto final sobre el matrimonio universal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no se puede definir a la familia de manera única y, por ende, se deben respetar los derechos de todos los tipos o núcleos familiares.

Un ejemplo de las fallas del sistema mexicano en materia de diversidad sexual es que en instituciones de salud persiste el estigma y la discriminación hacia este sector de la población al negar el registro a parejas del mismo sexo en el sistema de salud, las visitas médicas durante una hospitalización, donación de sangre, además de las prestaciones de ley y beneficios derivados.

A pesar de que la SCJN ha reconocido la validez en todo el territorio nacional de los matrimonios igualitarios celebrados en la Ciudad de México, las instituciones de seguridad social se niegan a cambiar sus leyes y a reconocerlos, por lo que se tiene que recurrir a la figura del amparo jurídico.

En el caso de Zacatecas, el pasado 3 de febrero de este año, cuando la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia seguía en la congeladora, la derechohabiente Patricia del Carmen Miranda Ortiz decidió interponer una denuncia en contra del IMSS debido a que le negaron la inscripción como su esposa a Guadalupe Victoria Díaz Saldaña, quien padece de discapacidad motora por esclerosis.

La institución de salud argumentó que la Ley del Seguro Social impide en sus artículos 64, 65, 66 y 68 la afiliación de las personas del mismo sexo bajo la modalidad de matrimonio o concubinato. Ahí se define como beneficiario del asegurado y de la asegurada, en caso de matrimonio y concubinato, invariablemente a personas de género opuesto.

Por este principio legal no fue posible acceder a su petición, sin que ello constituya un acto de discriminación al solicitante. Así pues, Aunque Miranda Ortiz y su mujer contrajeron nupcias en el Distrito Federal y cuentan con un acta de matrimonio válida para realizar el trámite ante el instituto de salud, para acceder a dicho servicio se tendrían que realizar adecuaciones a la ley.

Cabe recordar que en el año 2000 la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un diagnóstico en la materia para identificar los principales retos y desafíos en México. Entre los resultados obtenidos surgió la recomendación de realizar distintas reformas legales al sistema de salud y prevención social para que parejas del mismo sexo puedan gozar de las mismas prestaciones y servicios que cualquier otra persona.

Además, como parte de la segunda etapa de este acuerdo de cooperación técnica, otra de las recomendaciones del citado organismo fue llevar a cabo diferentes reformas en materia legislativa y de políticas públicas para garantizar una igualdad de derechos para la comunidad LGBT.

Si analizamos la situación del estado, veremos que se encuentra a medio camino, pues si bien ya existe la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Zacatecas, hacen falta instrumentos efectivos que otorguen nuevos derechos para no vulnerar las garantías de la comunidad LGBT. Uno de ellos es la referida Ley de Sociedades de Convivencia, que de aprobarse será una nueva figura jurídica en la entidad, que no interferirá en la institución del matrimonio, concubinato ni adopción, pero representará una propuesta alternativa en la gran diversidad social existente en el estado.

¿En qué afectaría la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia?, ¿cuánto tiempo se dejará pasar para que esa población que aún no goza de los mismos derechos pueda llegar a una igualdad de condiciones?, ¿esperarán los funcionarios a que esa población “muera de inanición”?

Ojalá que la posición de Gobierno del Estado respecto a estas minorías sea también un llamado de atención a los integrantes de la 60 Legislatura para que se pongan a trabajar en la protección y cesión de derechos a grupos que todavía luchan por lograr una igualdad de condiciones, ¿o acaso los diputados locales, electos también por esas minorías, esperarán a que ocurra una tragedia, como en el caso de la activista Agnes Torres en Puebla?

En este momento la comunidad LGBT requiere una postura clara de los legisladores. La administración estatal decidió apoyar al sector. ¿Qué pasará con nuestros representantes populares?, ¿apoyarán la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia o mantendrán sin derechos a la comunidad LGBT?

1 comentario:

  1. Considero esta respuesta una opinión de lo más madura y fundamentada. Ojalá que los miembros de la iglesia católica recapaciten sobre los comentarios que hacen. Creo que deberías de publicarlo por todos lados, difundirlo. Felicidades!

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